Cada uno de los dos presidentes, Chávez y Uribe, asume las iniciativas del otro en defensa y seguridad como amenaza al proceso que impulsa en su país. Y con sus reacciones ambos generan un círculo vicioso que escala las tensiones. Sin embargo, los gobiernos de Colombia y Venezuela participaron en el consenso alcanzado en el Consejo de Defensa. El acuerdo atiende las preocupaciones de ambos países y ofrece posibilidades de distensión.
Varias de las medidas acordadas en Quito así lo sugieren. Primero, se proscribe el uso o amago de uso de la fuerza, la agresión militar, la amenaza a la estabilidad o la soberanía e integridad territorial de los vecinos, y las armas nucleares.
Segundo, los países limítrofes se obligan a notificar, tanto a sus vecinos como a Unasur, antes de realizar actividades militares terrestres, aéreas, navales en sus zonas fronterizas detallando ubicación, equipos y ejercicios. Tercero, se acuerda entregar información sobre ministerios de Defensa, fuerzas y gastos militares, equipos, armas y presupuestos. Cuarto, se conviene coordinar actividades entre países limítrofes para el control de las fronteras; rastrear el tráfico de armas de modo que se puedan aclarar desvíos, contrabandos y usos indebidos; prevenir o actuar contra la presencia de grupos armados irregulares, a los que deberán capturar y enjuiciar; no apoyar activa o pasivamente a quienes ejerzan o financien acciones terroristas o usen el territorio vecino contra otros Estados. Y, quinto, se comprometen a establecer mecanismos de comunicación entre las fuerzas militares en las fronteras.
Así se puede ver también en otros compromisos suscritos por los 12 gobiernos suramericanos, que los obligan a darse mutuas garantías de seguridad: entregar el texto integral de los acuerdos de cooperación intra y extrarregionales, es decir, con Estados Unidos, el Alba, Francia, Rusia, Irán o cualquier otro país; incluir en todo tratado de defensa una cláusula que reconozca la igualdad, inviolabilidad territorial y no intervención en asuntos internos de terceros países; ratificar que los acuerdos militares que ya se hayan firmado no atentarán contra la soberanía, seguridad, estabilidad e integridad territorial de otros miembros de Unasur, ni tendrán efectos de ninguna naturaleza sobre su territorio o espacio. En este sentido, el Canciller colombiano envió al Consejo de Defensa una carta consignando las garantías solicitadas por Brasil, lo que celebró el canciller Amorim como "un avance".
Para el seguimiento de las medidas de confianza, el acuerdo establece la verificación en las fronteras. Brasilia la había propuesto, pero Caracas la había rechazado y Bogotá la había ignorado. Si Lula concreta su oferta y gana apoyo para su puesta en marcha, reduciría el riesgo de incidentes militares, convertiría a Unasur en el espacio de tramitación del conflicto y evitaría que las denuncias y demandas que Uribe y Chávez llevaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas compliquen aún más la situación. De paso, evitaría que perturben no sólo la silla temporal que Brasil ocupa allí, sino la que busca como miembro permanente.
En más de una ocasión, Chávez y Uribe se han visto obligados a dar marcha atrás. Con la distensión colombo-venezolana, Brasil pondría a prueba su liderazgo. A Ecuador, que preside ahora Unasur, el impulso a las medidas de confianza le daría prestigio y le serviría para la normalización de relaciones con Colombia. Suramérica lograría mejores condiciones para tramitar otros conflictos entre vecinos. ¿No se configura así una oportunidad para relajar la tensión entre Caracas y Bogotá antes de que sea tarde?
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