Imposible no debatir el trascendental tema de la política exterior, como lo ha propuesto un candidato para evitar que los gobiernos vecinos intervengan en la campaña presidencial. Todos los candidatos han rechazado con razón este tipo de injerencias.
Es, en cambio, urgente poner sobre el tapete el informe de la Misión de Política Exterior, que propone, entre otras cosas, un pacto nacional para una política exterior de Estado. Ese pacto implica que todos los partidos y movimientos políticos renuncien explícitamente al uso clientelista del dispositivo diplomático y se comprometan a convertirlo en un eficiente instrumento de inserción internacional del país.
Una política exterior de Estado requiere una persistencia que no hay que confundir con continuismo. De hecho, la Misión propone un cambio profundo porque el país no puede seguir pagando los costos de una forma de actuación coyuntural y reactiva que sólo mira hacia las preocupaciones gubernamentales inmediatas y hace caso omiso de lo que ocurre en el entorno regional y global.
Para empezar, es imprescindible un amplio debate que construya una visión integral y coherente. Hoy, los mensajes son contradictorios. Bajo la perspectiva del "todo vale" en la búsqueda de la seguridad, el Gobierno firma y el Congreso ratifica convenios internacionales que luego se incumplen; es lo que pasa, por ejemplo, en derechos humanos o con la protección ambiental afectada por las fumigaciones de la coca.
También es esencial definir prioridades, con amplia participación de todas las instituciones estatales que ahora actúan de manera fragmentada en negociaciones internacionales, de los partidos y movimientos políticos cuya mayoría se dedica a cambiar respaldos legislativos por puestos diplomáticos, de las regiones fronterizas, los gremios y las organizaciones sociales no gubernamentales, que no suelen ser tomadas en cuenta aunque estén forzosamente involucradas en diversas relaciones exteriores del país.
El giro propuesto implica que, desde luego, el Presidente de la República continúe conduciendo la política exterior, pero sin apropiársela de manera personal a costa de las instituciones existentes para ese fin. Asimismo, exige que la Cancillería, hoy marginalizada o reducida a apagar incendios, esté en capacidad de coordinar la actuación internacional de todo el Estado, y de dirigir las representaciones diplomáticas y consulares, muchas de las cuales, nombradas para retribuir favores, responden hoy más a sus agendas particulares que a las necesidades nacionales. Entre tanto, el país pierde numerosas oportunidades para diversificar relaciones e intercambios.
La Misión propone lograr, en diez años, que al menos dos tercios de la planta interna y externa de la Cancillería pertenezcan a una carrera diplomática y consular profesional, sugiere ampliar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de manera que refleje la pluralidad del espectro político y les dé representación a las fronteras, e insiste en que el poder legislativo debe participar en la construcción de una política exterior de Estado y en el control de su aplicación. Igualmente, la Misión considera necesario abrir a este respecto un amplio espacio de interlocución con diversas organizaciones sociales así estas tengan una perspectiva distinta a la de los gobiernos.
La Misión entregó sus resultados al Estado: al Presidente, a la Comisión Asesora y al Consejo de ministros y a la Cancillería. Asimismo, hizo una presentación pública con el fin de que ese ejercicio impulsara una reflexión en la sociedad colombiana. La Cancillería y otros ministerios, así como los medios de comunicación, han comenzado a examinar sus propuestas. Ahora el turno es para los candidatos presidenciales, quienes deberían revisar el documento (www.fedesarrollo.org.co) y comprometerse a impulsar un gran pacto nacional en esta materia, indispensable para desarrollar una política exterior consistente.
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Es, en cambio, urgente poner sobre el tapete el informe de la Misión de Política Exterior, que propone, entre otras cosas, un pacto nacional para una política exterior de Estado. Ese pacto implica que todos los partidos y movimientos políticos renuncien explícitamente al uso clientelista del dispositivo diplomático y se comprometan a convertirlo en un eficiente instrumento de inserción internacional del país.
Una política exterior de Estado requiere una persistencia que no hay que confundir con continuismo. De hecho, la Misión propone un cambio profundo porque el país no puede seguir pagando los costos de una forma de actuación coyuntural y reactiva que sólo mira hacia las preocupaciones gubernamentales inmediatas y hace caso omiso de lo que ocurre en el entorno regional y global.
Para empezar, es imprescindible un amplio debate que construya una visión integral y coherente. Hoy, los mensajes son contradictorios. Bajo la perspectiva del "todo vale" en la búsqueda de la seguridad, el Gobierno firma y el Congreso ratifica convenios internacionales que luego se incumplen; es lo que pasa, por ejemplo, en derechos humanos o con la protección ambiental afectada por las fumigaciones de la coca.
También es esencial definir prioridades, con amplia participación de todas las instituciones estatales que ahora actúan de manera fragmentada en negociaciones internacionales, de los partidos y movimientos políticos cuya mayoría se dedica a cambiar respaldos legislativos por puestos diplomáticos, de las regiones fronterizas, los gremios y las organizaciones sociales no gubernamentales, que no suelen ser tomadas en cuenta aunque estén forzosamente involucradas en diversas relaciones exteriores del país.
El giro propuesto implica que, desde luego, el Presidente de la República continúe conduciendo la política exterior, pero sin apropiársela de manera personal a costa de las instituciones existentes para ese fin. Asimismo, exige que la Cancillería, hoy marginalizada o reducida a apagar incendios, esté en capacidad de coordinar la actuación internacional de todo el Estado, y de dirigir las representaciones diplomáticas y consulares, muchas de las cuales, nombradas para retribuir favores, responden hoy más a sus agendas particulares que a las necesidades nacionales. Entre tanto, el país pierde numerosas oportunidades para diversificar relaciones e intercambios.
La Misión propone lograr, en diez años, que al menos dos tercios de la planta interna y externa de la Cancillería pertenezcan a una carrera diplomática y consular profesional, sugiere ampliar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de manera que refleje la pluralidad del espectro político y les dé representación a las fronteras, e insiste en que el poder legislativo debe participar en la construcción de una política exterior de Estado y en el control de su aplicación. Igualmente, la Misión considera necesario abrir a este respecto un amplio espacio de interlocución con diversas organizaciones sociales así estas tengan una perspectiva distinta a la de los gobiernos.
La Misión entregó sus resultados al Estado: al Presidente, a la Comisión Asesora y al Consejo de ministros y a la Cancillería. Asimismo, hizo una presentación pública con el fin de que ese ejercicio impulsara una reflexión en la sociedad colombiana. La Cancillería y otros ministerios, así como los medios de comunicación, han comenzado a examinar sus propuestas. Ahora el turno es para los candidatos presidenciales, quienes deberían revisar el documento (www.fedesarrollo.org.co) y comprometerse a impulsar un gran pacto nacional en esta materia, indispensable para desarrollar una política exterior consistente.
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